Incertidumbre ante pérdidas económicas y trato a cruisers en medio de emergencia

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(Veleros en Vieques/Yocahu)

La directriz del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de solo permitir la entrada de embarcaciones que estén navegando y enfrenten alguna emergencia, así como de botes-residencia que hayan zarpado al mar luego del 14 de marzo, no solo ha causado pérdidas económicas a las marinas de Puerto Rico, sino que ha revelado el gran desconocimiento del gobierno estatal sobre la forma en que opera el mundo náutico así como  posibles violaciones a los derechos de los ciudadanos americanos.

Así lo manifestaron a Por los Mares el Club Náutico de San Juan, el Club Náutico de Guayama, la Marina Puerto del Rey de Fajardo, la Marina Pescadería en Cabo Rojo y la compañía “Island Bound” al relatar el tortuoso proceso que han pasado durante la cuarentena y los problemas que han enfrentado los navegantes  que han ingresado a las aguas circundantes legalmente. Al igual que lo hacen los pasajeros aéreos por los aeropuertos, los tripulantes de embarcaciones con pasaporte estadounidense o permiso de entrada a Puerto Rico, tienen derecho a anclar en nuestras costas ateniéndose a las mismas disposiciones de cuarentena y toque de queda que ha emitido el gobierno para todos los ciudadanos.

A excepción de las cuatro marinas mencionadas, todas las demás permanecen prácticamente cerradas en Puerto Rico porque la entrada y salida de embarcaciones de placer fue prohibida por orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Las cuatro marinas citadas permanecerán abiertas para únicamente recibir embarcaciones en las que sus tripulantes corran peligro por causa de desperfectos mecánicos o problemas de salud. Pese a tener que seguir operando de manera parcial para este propósito, no han recibido alivios económicos de parte del gobierno estatal para reducir las pérdidas económicas que han comenzado a experimentar a raíz del toque de queda.

El DRNA eximirá del pago de derechos de concesión a las marinas que cierren operaciones en su totalidad de manera voluntaria. Sin embargo, se desconoce si la exención también aplicará a las que estén semiabiertas. 

Los entrevistados coincidieron en que se encuentran en búsqueda de alternativas a nivel estatal y federal para reducir el margen de pérdidas que han experimentado, pese a que todavía cuentan con ingresos para continuar en operaciones.

“No (estamos abiertos) para el público en general, pero sí para las situaciones de emergencia”, expresó la Principal Oficial Ejecutiva de Puerto del Rey, Carolina Corral González.

Corral González mencionó que los socios que continuarán con el pago mensual serán los dueños de embarcaciones que puedan costearlo. Los que no, se analizarán “case by case”.

Si bien es cierto que el Club Náutico de San Juan no ha experimentado pérdidas económicas en los pagos que recibe de la cuota mensual de los dueños de embarcaciones, su comodoro, Jose R. Vizcarrondo Carrión, pronosticó que habrá una baja significativa en el alquiler de las facilidades recreativas. 

“Nosotros tenemos un salón de actividades que puede alojar a 300 personas; tenemos el salón de los socios que nos están costando dinero porque hemos tenido que cancelar todo”, dijo Vizcarrondo Carrion.

Ya que el Club Náutico de Guayama ha tenido que suspender varios torneos y eventos, su comodoro, Carlos García Vélez, explicó que varias reparaciones que tenían programadas para su marina se han suspendido. Es por esto que para mantener las finanzas equilibradas han optado por utilizar una cuota de 50 dólares que cobran anualmente.

Del mismo modo, parte del dinero que se genere se utilizará para costear el salario del personal de supervisión y de limpieza del Club Náutico de Guayama dos turnos al día, compartió.

“Nosotros como somos un punto céntrico al sur de Puerto Rico vamos a ofrecer servicio de rescate”, mencionó García Vélez. “Estamos a la disposición de ayudar a Recursos Naturales y a FURA (Fuerzas Unidas de Rápida Acción), ya que tenemos un cuartel dentro del club”. 

El administrador de la Marina Pescadería, José Méndez Serrano, resaltó que se debe tener más “comprensión” hacia los navegantes que residen en sus embarcaciones porque el enfoque del gobierno estatal no debe ser únicamente salvaguardar a los que viven la isla. 

“Haciendo la salvedad que son ciudadanos americanos o que tienen sus visas para navegar en aguas americanas, ¿quién manda en el agua?”, preguntó Méndez Serrano. 

“Yo pensaba que una embarcación se reportaba a Aduanas, Aduanas le daba la entrada y estaban legales en el país”, apuntó.

El administrador instó a que se creen protocolos que regulen y definan en términos legales qué son los cruisers para que puedan atenderse a base de sus “realidades”. De esa manera, en el futuro se podrá tener un marco legal bajo el que actuar con mayor exactitud y se conozca de primera mano el poder de los municipios, las agencias estatales y el gobierno federal sobre estos.

Entretanto, la presidenta de la compañía “Island Bound”, Diana Margarita Emmanuelli, mencionó que le preocupa la manera en la que el gobierno ha recrudecido las medidas de distanciamiento social. En parte, porque los cruisers se abastecen en Puerto Rico cuando se acerca la temporada de huracanes. No anclar para al menos comprar alimentos y artículos básicos, en resumidas cuentas, los colocaría en riesgo. 

“No es culpa de ellos que se encuentren varados en la costa sin opciones”, concluyó Emmanuelli. “Es hora de establecer un protocolo porque [los cruisers o embarcaciones de residencia] llevan tiempo siendo parte de nuestra comunidad”.