Miles reclaman a la Gobernadora reapertura de la navegación en Puerto Rico

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Armados con la evidencia científica disponible y con argumentos de defensa constitucional, miles de nautas puertorriqueños y representantes de la industria náutica se han unido para reclamar a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, al secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, y al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, la reapertura de la navegación recreativa en el país.

Sostienen que ha habido discrimen en la aplicación de cierres y reapertura de sectores por la pandemia del COVID-19 con decisiones que no coinciden con la sapienza científica generada a la fecha, y que violentan el debido proceso de ley. Asimismo proponen que establezcan medidas de protección para evitar aglomeraciones y contagio del virus como se ha hecho con otros sectores de la economía.

El grupo denominado Nautas de Puerto Rico, representado por el licenciado Rafael Roig, envió esta semana dos largas misivas a Vázquez Garced y demás funcionarios, recibidas por Por los Mares, en las que establecen que la navegación recreativa al aire libre implica un riesgo mucho menor de contagio de COVID-19 que otras actividades que están permitidas total o parcialmente desde mayo, tales como la operación de restaurantes y centros comerciales, así como la celebración de servicios religiosos en espacios cerrados. Estos últimos están clasificados con el número 9 en la escala de los Centros del Control y Protección de Enfermedades (CDC) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mayor riesgo de contagio, y están permitidos sin restricciones los siete días de la semana. Mientras que la navegación -no incluida expresamente en las escalas- pero comparable con actividades de riesgo bajo o moderado, de 3 a 5,  tales como barbacoa al aire libre e ir a la playa, está prohibida.

Dos grupos separados han creado peticiones electrónicas de apoyo en Change.org y Avaaz.org que juntas habían recogido el jueves ya más de 7,000 firmas en apoyo a la reapertura de la navegación en Puerto Rico.

“Dichas actividades, representan un riesgo comparable y hasta menor que algunas de las actividades permitidas en las últimas órdenes ejecutivas promulgadas, como lo son la ocupación restringida a un veinticinco por ciento (25%) de capacidad en restaurantes, centros comerciales con espacios cerrados y en iglesias y/o templos religiosos. Las guías promulgadas y clasificaciones establecidas para nivel de riesgo de los restaurantes y centros comerciales recaen entre los niveles 5 al 7 de riesgo de contagio . Más aún, dichas guías establecen que las iglesias y/o templos religiosos recaen en nivel 9, siendo esto un riesgo mucho mayor que el de utilizar embarcaciones a nivel recreativo”, reza la misiva en referencia a actividades más riesgosas que la navegación.

Además, el licenciado Roig sostuvo en que la primera misiva, enviada el lunes 24 de agosto, que la prohibición absoluta del uso de embarcaciones viola el derecho al disfrute de la propiedad estipulado en la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico que dispone que: “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad.”

Con la restricción absoluta establecida a la navegación con fines recreativos, se está privando a la ciudadanía sin el debido proceso de ley de su libertad y del uso y disfrute de su propiedad. Ello se está haciendo de manera confiscatoria y discriminatoria cuando se compara con clasificaciones similares tanto relacionadas al uso y disfrute de propiedad, tales como vehículos de motor o transportación, como de actividades de riesgo de contagio y propagación del COVID-19. Específicamente, en cuanto a vehículos de motor u otros medios de transporte, en ningún momento se ha establecido una restricción total y absoluta al uso de estos, incluyendo los llamados todo terreno o “four tracks”, aviones y/o avionetas para fines comerciales, privados o uso personal o inclusive al uso de equinos. 

“Tal y como mencionamos anteriormente, con la restricción absoluta establecida a la navegación con fines recreativos, se está privando a la ciudadanía sin el debido proceso de ley no sólo de su libertad y del uso y disfrute de su propiedad sino también de una manera sana para mantener la salud mental, con una distracción segura dentro de los tiempos que vivimos”,continúa la carta del 24 de agosto.

Argumenta el letrado que el confinamiento durante los pasados meses en Puerto Rico “ha sido algo dramático para muchas personas que se les ha privado de su libertad diaria y estilo de vida” y aduce a el hecho de que expertos, doctores y profesionales de la salud mental han establecido que las personas en confinamiento por el coronavirus están experimentando episodios de estrés, ansiedad, depresión e insomnio.  Por esta razón es imperativo permitir a la ciudadanía ocio lo más seguro posible y esto incluye, según la Organización Mundial de la Salud, todas las actividades de esparcimiento al aire libre con distanciamiento.

Por los pasados cinco meses la gobernadora Vázquez Garced ha decretado 11 órdenes ejecutivas de cierre y reapertura de diversos sectores debido a la pandemia del COVID-19, sin presentar datos de contagio sobre sectores específicos de la economía ni regiones geográficas, sino presentando los datos generales de contagio, hospitalizaciones y mortalidad. 

En una segunda misiva, con fecha del 26 de agosto, el grupo propuso medidas más específicas de protección, reglas rigurosas y un sistema de autorregulación para una reapertura por fases en su solicitud de autorización del uso de embarcaciones.  

“Nos hemos dado a la tarea de traer varios planteamientos para que se autorice el uso de embarcaciones para fines recreativos, aunque ello sea de manera restringida. Esto pudiese ser tal y como había sido establecido en la OE-2020-41 o de alguna manera que no sea una restricción total y absoluta”, sostuvieron. En dicha Orden Ejecutiva se permitía el uso de embarcaciones con distanciamiento entre sí y sin anclar ni desembarcar en la arena. 

A su vez, los nautas propusieron a La Fortaleza una serie de normas para que la reapertura se haga de forma ordenada y cónsona con las guías de seguridad de la OMS y del CDC. Entre las medidas sugeridas figuran limitación de días y de horario, que cada embarcación solo pueda ser utilizada por el núcleo familiar, y que cada anclaje tenga que hacerse a 150 pies de distancia de cualquier cayo, arena u otra embarcación.

En entrevista electrónica con Por los Mares, Roig dijo el miércoles que Vázquez Garced contestó el lunes la primera carta y delegó el asunto en el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, con quien están en conversaciones. El miércoles recibieron comunicación del Comisionado de Navegación del DRNA en la que dice que está completamente de acuerdo con el planteamiento y agradece las recomendaciones. El Comisionado ya se había manifestado a favor de la reapertura, indicó.

Finalmente el grupo reclamó a la Gobernadora el terrible impacto que el cierre total está teniendo sobre la industria náutica que aporta $900 millones al año a la economía y más de 10,000 empleos. El no utilizar las marinas y la prohibición del tráfico de embarcaciones ha paralizado el sector incluyendo las labores que se realizan en las marinas y guarderías, y reducido la compra de servicios técnicos marinos y de personal que realiza trabajos de mantenimiento en las embarcaciones así como el consumo en comercios relacionados a estas actividades.

“Varias de estas compañías están al borde del colapso económico”, sostuvieron. 

Limitaciones sugeridas

A continuación todas las normas sugeridas por el Nautas de Puerto Rico para el uso de embarcaciones para que sean evaluadas por el Comisionado de Navegación del DRNA cónsonas con “las guías y recomendaciones de los expertos, incluyendo la OMS y el CDC”:

●  Uso limitado a los días y horarios establecidos en la Orden Ejecutiva. La embarcación deberá estar ocupada solamente por miembros del mismo núcleo familiar inmediato y acatando las medidas de rigor, entre ellas, anclaje en 150 pies o más de cualquier banco de arena o cayo. En el caso de embarcaciones que tengan contratado un capitán y tripulación, se permitirá siempre y cuando utilicen mascarillas en todo momento.

●  Restringir la navegación en las islas municipio de Vieques y Culebra solamente a residentes bona fide de dichas islas municipio.

●  No ​rafting​ y distancia mínima de 50 pies a la redonda entre embarcaciones.

●  Cumplimiento de horario según la Orden Ejecutiva.

●  Permitir pesca recreativa en modalidad «off shore» en horario establecido en

Orden Ejecutiva.

●  En caso de incumplimiento, multa de $500 + además de las multas y/o penalidades que apliquen si encuentran otros aspectos de navegación.


●  Por cualquier violación al reglamento las denuncias se harían vía email o mediante post en la página de DRNA por los mismos nautas, tomando video desde su smartphone donde se vea el PR (número de registro de la embarcación) informando la violación, fecha y hora en que ocurrió.

●  En coordinación con las regiones establecidas del DRNA, regionalizar el incumplimiento y establecer en conjunto con las marinas y guarderías un sistema de autorregulación, similar a lo establecido en otros sectores económicos. A modo de ejemplo: que existan contagios en la zona de salinas, se apliquen las medidas de cuarentena solo en esa zona o región. Al igual que el incumplimiento a las reglas en esa región, las medidas más estrictas serán aplicadas solo en esa región.

●  Mantener patrullaje de la Policía de PR y municipal, Cuerpo de Vigilantes y DRNA.

De no cooperar la ciudadanía se podría restringir aún más:

  • Limitar el uso de embarcaciones por días según la clave asignada a la región. Parecido a la restricción que se estableció para las tablillas.
  • Limitar el uso de la embarcación que este en violación por un periodo de 30 días o más.